Mientras Congreso deshoja margaritas con proyecto para fiscalizar dinero, EE.UU. corta fondos a seguidores de George Soros.
“El Perú recibe 500 millones de cooperación. De fuente oficial, que viene de un gobierno, 370 millones de dólares, y de fuente privada, 132 millones”, reveló César Jordán Palomino, director de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante un evento en el Congreso de la República.
Este se titulaba “Conferencia Fiscalización de las ONG: Hacia una gestión Transparente y Responsable”. Lo organizaba la Oficina de Participación Ciudadana, la cual depende de la Primera Vicepresidencia, a cargo de la fujimorista Patricia Juárez. Precisó que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) solo fiscaliza a las organizaciones no gubernamentales que reciben este tipo de donaciones. Sin embargo, los argumentos de estas para no pagar impuestos y tener otros beneficios, carecen de regulación.
Jordán Palomino, embajador de carrera, reveló también que una ONG presenta su plan operativo a APCI, en el cual pone sus objetivos y al final del año informa cómo ha gastado el dinero en estos.
“Pero nadie se ha puesto a pensar en que responda a los intereses de desarrollo del país, los intereses de los beneficiarios, etcétera”, agregó.
Es decir, nuestro país permite que desde el extranjero ingrese financiamiento para acciones que no necesariamente ayudan a las políticas del Estado reguladas en normas legales, lo cual se ha detectado en 18 de estas organizaciones.
“Allí hay un problema de fondo (…) Entonces y acá el ejemplo caricaturesco, sin ganas de ofender a nadie. Nosotros podemos opinar lo que queremos sobre el aborto. No no el aborto terapéutico, que está permitido por ley desde el año 1929. Del acceso libre al aborto hay todo un debate nacional”, añadió el funcionario de Cancillería.
En este caso figuran Manuela Ramos, Demus y Flora Tristán (de la exministra castillista Diana Miloslavich). Estas agrupaciones promueven que en nuestro país se asesine al ser humano en el útero, sin necesidad de que haya peligro para la salud de este o de la madre.
“Pero hay ONG que inscriben planes operativos de acceso libre al aborto, y a fin de año dicen, ‘Bueno, yo cumplí con mis planes operativos, gasté en estas actividades’, y APCI le dice está muy bien. Nadie le dijo a la ONG, ‘Oye pero el aborto no es legal en el Perú’. Se puede hacer advocacy (promoción) por ideología, por gestión política, por activismo político, pero no podría ser un tema armonizado con políticas públicas actualmente”, indicó Jordán Palomino.
Matar al no nacido es parte de la llamada corriente “woke” o ideología de género, criticada fuertemente por Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele y Elon Musk. Esta exige acciones al Estado derivadas de corrientes ideológicas, y no en la realidad científica.
Uno de sus síntomas es la alteración del lenguaje (“los y las” o “alumne”) que se evidencia en las ONG mencionadas. Otro es que a una persona que se autopercibe del sexo opuesto al biológico, se le debe dar esta identidad oficial.
Justamente, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha paralizado todas las donaciones durante noventa días para estas corrientes.
En la víspera, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció que habría excepciones, pero que estas no contemplaban a las entidades con agendas ideologizadas.
“Exención Humanitaria de Emergencia para la Suspensión de Asistencia Extranjera”, se titula su reciente mensaje.
“Esta exención no se aplica a actividades relacionadas con abortos, planificación familiar, conferencias, costos administrativos distintos de los cubiertos en 1(a), programas de ideología de género o DEI, cirugías de reasignación de género u otras asistencias que no sean de carácter vital”, se indica al detalle.
Esta suspensión de ayuda económica se aplica también a temas migratorios.
Otros abiertos críticos de la ideología woke son los militantes de Renovación Popular. Su congresista Milagros Jáuregui, logró que su proyecto para acabar con el desdoblamiento del lenguaje sea ley.
Propuesta de Alejandro Muñante
Otro representante de este partido, Alejandro Muñante, ha presentado una propuesta para que se interprete oficialmente la Constitución Política en este sentido.
“He presentado el Proyecto de Ley N°10082/2024, que interpreta el término ‘género’ en el artículo 191 de nuestra Carta Magna y modifica los artículos 3 y 5 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. No podemos seguir permitiendo que el término ‘género’ sea utilizado con fines ajenos a su verdadero significado en normativas y políticas públicas”, sostuvo.
Esto se aplicaría reemplazando el término “equidad de género” por el de “igualdad entre hombre y mujer”.
El año pasado, medios de comunicación RPP, La Encerrona y Epicentro lanzaron una campaña contra el proyecto de ley de fiscalización a la cooperación internacional que debatía el Congreso.
EXPRESO publicó cómo estos mismos medios recibían dinero de la cooperación internacional no fiscalizada. Lo hacían a través de IDEA Internacional.
