En 2024, el Poder Ejecutivo incumplió por segundo año consecutivo la regla fiscal, una situación que se repetirá en 2025, lo cual suscita preocupación.
El gobierno de Dina Boluarte, en un acto de irresponsabilidad que bordea el descaro, incumplió en el 2024, por segundo año consecutivo, la regla fiscal. Esta decisión no solo es un golpe brutal a la credibilidad económica del país, sino que constituye una herencia envenenada: una bomba de tiempo que explotará en las manos del próximo Gobierno.
La “mujer andina” que tenemos como mandataria se regodea en el cortoplacismo y las políticas populistas, pero en realidad está condenando a la siguiente administración a lidiar con un caos fiscal del que podría no haber retorno.
El saliente ministro de Economía y Finanzas, José Arista, cuya gestión ha sido una sucesión de malas decisiones, merece un capítulo aparte en esta crítica. Bajo su dirección, el país ha perdido rumbo y credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Su incapacidad para plantear reformas estructurales y su complacencia con un gasto público desbordado lo convierten en uno de los principales responsables de esta crisis fiscal que se avecina. En lugar de buscar soluciones sostenibles, ha optado por el camino más fácil: patear el problema hacia adelante, a costa de hipotecar el futuro de los peruanos.
Sin embargo, ni Boluarte ni Arista son los principales responsables. El Congreso de la República, ese nido de intereses particulares y promesas populistas, es el principal causante de ensanchar el déficit fiscal. Con leyes y medidas que buscan congraciarse con sus bolsillos y los de sus “colaboradores”, han empujado el gasto público más allá de los límites razonables.
