Exprocuradora cuestionó que Perú, a pesar de ser el segundo país más perjudicado por corrupta constructora, sea el que menos fue resarcido monetariamente.
Katherine Ampuero, ¿es de necios defender, a estas alturas, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht?
Nosotros venimos criticando todo esto desde hace mucho tiempo, incluso durante las negociaciones que se iniciaron con la empresa Odebrecht. En el año 2017, cuando yo fui procuradora y me senté a negociar con ellos, lo primero que les dije fue que no iba a aceptar el monto de reparación civil que ellos estaban ofreciendo, que era menos de 200 millones de dólares. Les dije que eso era inaceptable.
¿Cómo califica este acuerdo?
Este es un acuerdo de impunidad, y aquellos que defienden los intereses de Odebrecht dicen que teníamos que aceptar ese acuerdo para conocer a sus corruptos; es decir, PPK, Toledo y Alan García. Pero lo cierto es que Odebrecht, hasta la fecha, sigue ocultando los nombres de todos los funcionarios que han recibido coimas. Este acuerdo de ninguna forma ha contribuido a lograr justicia en el país. Hay que tomar en cuenta que el Perú, después de Brasil, es el país más perjudicado por Odebrecht; sin embargo, somos el país que menos reparación civil ha cobrado. Estados Unidos, por ejemplo, le ha cobrado a Odebrecht 2,600 millones de dólares, y nosotros solo 610 millones de soles, pagaderos en 15 años. Y en EE. UU., se fijó esa reparación civil solo por usar su sistema financiero, mientras que aquí estamos hablando de corrupción, lavado de activos y crimen organizado.
¿Es irregular que el acuerdo sea progresivo? ¿Quién tenía que descubrir más delitos de Odebrecht, además de los admitidos en 4 proyectos? ¿Acaso el Estado peruano o los periodistas?
Eso es un invento de la Fiscalía para favorecer a Odebrecht. Estoy hablando de la famosa cláusula de entrega progresiva de información, que no existe en el Código Procesal Penal ni en ninguna norma que regula la colaboración eficaz. Lo que han hecho ellos es desnaturalizar el proceso de colaboración eficaz, beneficiando a la empresa Odebrecht. Con el invento de la entrega progresiva de la información, prácticamente los fiscales y procuradores le han otorgado a la empresa corrupta beneficios por información futura e incierta. Entonces, han contravenido la norma, que señala claramente que los beneficios son en atención a información entregada y corroborada. No dice que los beneficios se otorguen por información que ellos se comprometan a entregar en un futuro incierto. Estamos hablando, por lo tanto, de la comisión de delitos, porque el Ministerio Público tiene la obligación de respetar lo que dice la norma, y la colaboración eficaz está regulada en el Código Procesal Penal.
También ha sido escandaloso que se le haya devuelto a Odebrecht los 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. De ese monto, se pudo cobrar prácticamente toda la ínfima reparación civil.
El cuento que nos metió Marisol Pérez Tello, los procuradores y los fiscales, fue que Odebrecht necesitaba dinero para pagar a los trabajadores y evitar que la empresa entrara en quiebra. Pero lo que pasó fue que solo el 0.5% de esta venta fue utilizado para el pago de los trabajadores; el resto se utilizó para pagar a los acreedores, que eran los amigos banqueros de PPK. El grueso del dinero de la venta de Chaglla fue sacado por Odebrecht del país, a pesar de que Pérez Tello decía que ese dinero se iba a quedar en el Perú. Además, a Odebrecht le devolvieron esos 524 millones de soles, que debían ser destinados al pago de la reparación civil, porque los fiscales y procuradores le informaron a la jueza que Odebrecht no tenía ninguna investigación pendiente, lo cual era falso.
También se le devolvió a Odebrecht un pago inicial de 30 millones de soles por concepto de ganancias ilícitas.
Al iniciar la negociación, el fiscal Hamilton Castro le pidió a Odebrecht que, como adelanto de las ganancias ilícitas (que no tienen nada que ver con la reparación civil), entregara 30 millones de soles, y la empresa lo hizo. Sin embargo, en el acuerdo, la Fiscalía y la Procuraduría aceptaron devolverle esos 30 millones de soles y renunciaron al cobro de las ganancias ilegales, negociando únicamente el pago de una reparación civil.
Katherine Ampuero, siempre existió esta absurda dicotomía: que Odebrecht nos cuente todo y no nos pague nada. ¿Por qué no se exigió que Odebrecht entregara información relevante y, a su vez, pagara un monto de reparación civil correspondiente al daño causado?
Es que todas las personas que defendieron este nefasto acuerdo de impunidad estaban buscando que Odebrecht no dé toda la información: no querían que se supiera la identidad de todos sus corruptos, y lo han logrado. Hay daños que son irreparables, y digo irreparables porque Odebrecht jamás va a entregar la lista de todos los corruptos, dado que ya no tienen ningún interés después de haberles permitido vender los principales bienes que tenían en el país.
¿Los responsables de la firma del acuerdo; es decir, Rafael Vela, Domingo Pérez, Jorge Ramírez y Silvana Carrión, han incurrido en delitos?
Absolutamente, porque ellos han desnaturalizado la colaboración eficaz, inventando cláusulas que no existen. Yo veo que aquí puede estar presente el delito de corrupción de funcionarios. Han beneficiado de tal manera a la empresa que, al día siguiente de la firma del acuerdo, esta nos demandó ante el CIADI por el Gasoducto.
Ocultó información
La exprocuradora Katherine Ampuero señala que la constructora brasileña ocultó información clave y logró beneficios económicos mientras el Perú recibió una reparación civil mínima.
La abogada cuestiona la desproporción en el monto negociado y denuncia irregularidades en el proceso de colaboración eficaz.
Asimismo, Katherine Ampuero asegura que esta condición fue un invento de la Fiscalía que desnaturalizó el proceso de colaboración eficaz, beneficiando a Odebrecht.
Además, A Katherine Ampuero denuncia que los 524 millones de soles devueltos a Odebrecht debieron destinarse al pago de la reparación civil, pero terminaron fuera del país.
Según la exprocuradora, los responsables del acuerdo cometieron delitos al negociar cláusulas inexistentes en el Código Procesal Penal.
