Intercedió para que cuestionada fémina continuara trabajando en Parlamento.
La congresista Norma Yarrow aseguró que Alejandro Soto, expresidente del Congreso, intervino directamente para que el contrato de Isabel Cajo fuera modificado, permitiendo que esta continuara trabajando en el Parlamento.
Durante la reciente sesión de la Comisión de Fiscalización, Yarrow reveló documentos que, según su interpretación, evidencian que la presidencia del Congreso autorizó la renovación contractual.
“En la adenda se menciona que, por disposición expresa de la Presidencia del Congreso y autorización de Oficialía Mayor, se mantenía la condición contractual de Isabel Cajo. Esto demuestra que la más alta dirección del Legislativo conocía y aprobó el trámite”, declaró Yarrow ante los integrantes de la comisión.
El documento presentado por la parlamentaria lleva el sello de la Presidencia del Congreso y está dirigido a Oficialía Mayor, lo que, según su explicación, valida que hubo un proveído desde la cúpula legislativa.
Esta acción permitió que Isabel Cajo, quien no cuenta con el título de bachiller, continuara trabajando con un sueldo que superaba los 7,000 soles mensuales.
Frente a las acusaciones, Alejandro Soto negó cualquier responsabilidad en el contrato de Cajo. En declaraciones a los medios, el exfuncionario afirmó que no tiene facultades para autorizar renovaciones y solicitó que se presenten pruebas concretas que respalden las acusaciones en su contra.
“La adenda no lleva mi firma ni mi rúbrica. Como presidente del Congreso, no poseo la facultad de autorizar este tipo de contratos. Si el documento presentado lleva un sello, eso no implica mi aprobación directa”, enfatizó Soto.
El legislador también puso en tela de juicio las investigaciones en curso y cuestionó los motivos de las mismas. “¿Qué se está investigando realmente? ¿Una red de prostitución o una contratación irregular? Exijo claridad y pruebas”, indicó Soto.
La congresista Yarrow destacó el valor del documento conocido como “proveído”, el cual serviría como aval para la renovación contractual de Cajo. Este texto, al estar firmado por Oficialía Mayor y sellado por la Presidencia del Congreso, indicaba que las disposiciones habrían sido dictadas desde la cúpula legislativa.
Alejandro Soto y el proveído del ‘pecado’
“El proveído es clave porque vincula directamente a la Presidencia con esta contratación. No es solo una ampliación contractual, sino un acto que demuestra conocimiento y aprobación de la alta dirección”, declaró Yarrow, quien también pidió que las autoridades investiguen a fondo los procedimientos administrativos que permitieron la contratación.
La Comisión de Fiscalización del Congreso evalúa actualmente la documentación presentada por Norma Yarrow, mientras que el caso motivó un intenso debate sobre la transparencia y el manejo de recursos en el Legislativo. Por su parte, Isabel Cajo dejó de trabajar en el Congreso, pero su situación contractual sigue siendo objeto de escrutinio.
